El Gobierno de Mendoza puso en marcha la ingeniería administrativa para el ejercicio fiscal 2027. Mediante el Decreto Acuerdo N° 1929, el Ejecutivo provincial autorizó a las distintas reparticiones públicas a iniciar compras y contrataciones de bienes y servicios con imputación al año próximo. Sin embargo, la medida fija límites operativos estrictos: impone techos de ejecución trimestrales y prohíbe la incorporación de nuevas obras públicas hasta que la Legislatura no sancione la pauta de gastos correspondiente.
La disposición busca evitar que la transición presupuestaria de fin de año paralice la gestión estatal en áreas críticas como salud, educación o seguridad. No obstante, en un contexto económico sensible, el Ministerio de Hacienda resolvió blindar las cuentas públicas frenando cualquier compromiso de capital no planificado: las reparticiones no podrán asumir compromisos para nuevos proyectos de infraestructura sin el crédito presupuestario expresamente aprobado por ley.
El mecanismo de control operativo fija que las erogaciones corrientes y de capital solo podrán ejecutarse de manera preventiva con un tope del 20% acumulativo por trimestre (enero, abril, julio y octubre). Asimismo, las reparticiones deberán presentar ante Hacienda, en un plazo de 15 días, su proyección de gastos, la cual quedará sujeta a reajustes según la evolución real de la recaudación provincial.
El esquema prevé excepciones puntuales para partidas estratégicas o de ejecución estacional. Entre ellas se destacan las contrataciones destinadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia, que podrán comprometer hasta el 80% del presupuesto asignado entre enero y marzo, además de prioridades vinculadas con el servicio de la deuda pública y programas con financiamiento internacional. El texto definitivo del Presupuesto 2027, con las partidas detalladas para salarios, obras y servicios, será enviado a la Legislatura en los próximos meses para su debate final.
