Un operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria e Interpol derivó en la detención de Ana Carmen Sosa Cravioto en el aeropuerto El Plumerillo. La empresaria y bailarina mexicana contaba con una orden de captura internacional en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y movimientos irregulares de fondos iniciada en su país natal, y fue interceptada cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Chile.
Sosa Cravioto es hija de Gerardo Sosa Castelán, exintegrante del Congreso, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y figura central de un grupo con alta influencia política y económica conocido en México bajo el sello de «La Sosa Nostra». La pesquisa judicial, que salpicó a varios integrantes de la familia desde 2020, investiga una red de operaciones comerciales e intersocietarias -a través de firmas como Contabilidad del Siglo XXI y empresas constructoras- dirigidas presuntamente al desplazamiento de fondos hacia cuentas de las hijas del dirigente.
Si bien la causa atravesó cambios recientes -como el sobreseimiento parcial dictado en 2024 en favor de Sosa Castelán por falta de elementos probatorios en un tramo del expediente-, la situación penal de Sosa Cravioto se tramita por separado. Sobre la empresaria pesa la orden de detención internacional por las sociedades e intervenciones financieras bajo análisis, aunque hasta el momento no existe una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad penal.
Posteriormente a su aprehensión, la defensa de la imputada obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La resolución del trámite de extradición solicitado por la Justicia mexicana quedó a cargo del juez federal mendocino Juan Ignacio Pérez Curci, quien determinará los pasos a seguir mientras la empresaria permanece con prisión preventiva en la provincia.
