La Casa Rosada anunció la firma de un decreto para agilizar penas administrativas y enviará un proyecto al Congreso para inhabilitar a proveedores, bancos y directivos vinculados a la extracción ilegal de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El anuncio formulado por el presidente Javier Milei durante su última cadena nacional puso nombre y apellido a la principal hipótesis de conflicto económico en la plataforma continental argentina. La Casa Rosada encendió los motores legislativos y ejecutivos para frenar la consolidación de Sea Lion, el megaproyecto petrolero ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Las medidas apuntan de manera directa contra la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, así como a toda su red de contratistas globales.
A través de la aceleración de los mecanismos sancionatorios vigentes en la Ley 26.659 y una reforma parlamentaria para endurecer las inhabilitaciones, el Estado argentino busca bloquear el soporte logístico e inversor que requiere el emprendimiento antes de ingresar en su fase operativa.
| Empresa / Entidad | Participación | Rol en el Proyecto Sea Lion | Impacto de las Sanciones Propuestas |
| Navitas Petroleum | 65% | Operador principal y financista mayoritario. | Inhabilitación permanente para operar en el mercado continental. |
| Rockhopper Exploration | 35% | Titular de derechos de exploración originales. | Bloqueo administrativo y embargo de activos en jurisdicción nacional. |
| Proveedores y Servicios | Subcontratados | Soporte operativo, perforación y transporte. | Extensión de penas penales y comerciales a directores y accionistas. |
| Entidades Financieras | Externas | Fideicomisos y créditos de desarrollo. | Notas de desaliento y restricciones de inversión en la plaza local. |
De acuerdo con el cronograma difundido por los propios desarrolladores, la perforación de los 11 pozos submarinos iniciales comenzará a principios de 2027, con la meta de obtener la primera barrilada de crudo (First Oil) en marzo de 2028. La estrategia oficial apunta a golpear la viabilidad financiera del proyecto durante la ventana previa al inicio de las obras en altamar.
La efectividad de la nueva normativa dependerá de la capacidad de la diplomacia y la Secretaría de Energía para hacer valer las inhabilitaciones corporativas en plazas financieras internacionales. Al cerrar el grifo a los proveedores de la industria que operan tanto en Vaca Muerta como en el Atlántico Sur, el Ejecutivo pretende elevar significativamente los costos operativos de la exploración ilegal.
