La inseguridad vial en Mendoza escaló a niveles alarmantes. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red, en la provincia se producen alrededor de 500 siniestros viales diarios de menor cuantía. A esta cifra se suma un saldo trágico en lo que va de 2026: 122 personas fallecieron en accidentes de tránsito en calles y rutas mendocinas, evidenciando un deterioro sistemático en los controles, la infraestructura y las conductas al volante.
Hugo Fiorens, coordinador del Observatorio, advirtió sobre la gravedad del cuadro. Muchos de los choques diarios quedan invisibilizados en las estadísticas oficiales debido a que no llegan a denunciarse por falta de seguro, licencias vencidas, presencia de alcohol en sangre o arreglos informales entre las partes. Sin embargo, la brecha de fatalidades expone un panorama preocupante: solo en los últimos dos meses se contabilizaron 32 víctimas mortales, de las cuales 12 eran jóvenes menores de 21 años.
La problemática afecta de manera crítica a los motociclistas, quienes representan el 42% del total de las víctimas fatales. El crecimiento del trabajo informal vinculado a las aplicaciones de reparto expuso a miles de trabajadores a jornadas extendidas sin la debida protección, convirtiéndolos en el eslabón más vulnerable de la vía pública. Asimismo, la falta de uso del cinturón de seguridad en las plazas traseras, el traslado de niños en los asientos delanteros y la circulación de mascotas sueltas persisten como infracciones habituales.
Desde la entidad señalan que cerca del 90% de los siniestros obedece al factor humano -con distracciones por el uso del celular, consumo de alcohol y drogas, y exceso de velocidad como causantes principales-, pero remarcan la cuota de responsabilidad estatal. La falta de presencia policial efectiva en los controles, sumada al déficit de infraestructura como semáforos fuera de servicio, faltante de señalización o cartelería oculta por el arbolado público, agrava el escenario. Frente a esta situación, desde el Observatorio reclaman fiscalización permanente y la implementación urgente de la educación vial desde el nivel inicial en las escuelas provinciales.
