La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, asumió la competencia en la acción presentada por entidades ambientalistas y excombatientes. La demanda busca frenar la exploración de las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Norte del archipiélago por falta de avales ambientales argentinos.
La Justicia Federal dará curso a una investigación contra empresas extranjeras por presunto daño ambiental y afectación de la soberanía argentina a raíz del proyecto de extracción petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas. La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para entender en la acción preventiva promovida conjuntamente por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La presentación busca detener las operaciones logísticas de las firmas Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de capitales británicos, las cuales proyectan perforar pozos en la plataforma continental argentina amparadas en licencias otorgadas de forma unilateral por el Reino Unido.
El planteo judicial fundamenta la solicitud de paralización en el incumplimiento de la Ley General del Ambiente, dado que las compañías petroleras operan sin haber presentado evaluaciones de impacto ambiental ni contar con el certificado de aptitud emitido por las autoridades nacionales. Al asumir las actuaciones, la magistrada dispuso la intervención de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, otorgando un plazo de diez días a la Fiscalía de Estado provincial para ejercer la representación en defensa del patrimonio natural.
La resolución se alinea con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, integrada por el fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que un eventual incidente o impacto contaminante no se restringiría a una escala local, dada la dinámica oceanográfica que vincula las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino.
Las actuaciones cuestionan la instalación proyectada para la zona, la cual comprende una red de pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. La fiscalía remarcó la gravedad de que la infraestructura técnica se pretenda desplegar sin la auditoría de organismos reguladores argentinos, la exigencia de estudios independientes ni la realización de las instancias correspondientes de participación ciudadana.
El tribunal notificó a las entidades demandantes para que completen los requisitos formales del expediente mientras se evalúan las medidas cautelares solicitadas para frenar los avances operativos en el Atlántico Sur.
