El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el pase a disponibilidad de ocho oficiales superiores y un suboficial tras detectarse maniobras fraudulentas en el cobro de haberes y viáticos por casi 1.600 millones de pesos. Una auditoría interna constató la acreditación de viáticos falsos e inconsistencias registradas entre julio de 2022 y enero de 2026. La denuncia penal tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 e involucra a 23 personas, entre personal militar y civiles beneficiarios.
La cúpula de la Armada Argentina resolvió este jueves separar de sus funciones a nueve integrantes de la fuerza naval —ocho capitanes de corbeta y un suboficial— involucrados en una causa por administración fraudulenta y adulteración de recibos de sueldo por una suma cercana a los 1.600 millones de pesos. La medida disciplinaria fue confirmada por el jefe de la institución, almirante Juan Carlos Romay, tras la presentación de una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2. La investigación se inició a partir de una auditoría interna en la cartera dependiente del Ministerio de Defensa, la cual detectó inconsistencias sistemáticas en la acreditación de haberes y viáticos por viajes al exterior entre julio de 2022 y enero de 2026. Entre los uniformados apartados figura el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, cuya esposa percibió más de 152 millones de pesos en giros indebidos a su cuenta personal.
Las actuaciones administrativas y judiciales determinaron la participación de al menos 23 personas, entre las cuales figuran civiles sin vinculación formal con la fuerza armada que recibieron millonarias transferencias bancarias sin justificación.
Según el informe incorporado al expediente judicial, los cobros indebidos de los civiles Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia superan individualmente los 90 millones de pesos mediante acreditaciones directas.
A través de un comunicado oficial, la fuerza naval ratificó la vigencia del pase a disponibilidad del personal investigado y enfatizó una política de tolerancia cero frente a hechos de corrupción que vulneren el prestigio de la institución.
El Juzgado Federal Número 2 continuará con las citaciones a indagatoria del personal involucrado durante las próximas semanas.
