El espacio dirigido en la provincia por Sebastián Pareja impulsará la destitución de Marta Elba Pascual ante la Secretaría de Enjuiciamiento. La magistrada de Lomas de Zamora dispuso una suspensión provisoria por 60 días de la Ley 27.801 tras hacer lugar a un hábeas corpus del Hogar de Cristo que advierte sobre la falta de infraestructura y personal especializado. Un fiscal de San Isidro adelantó que no acatará la cautelar.
La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció que promoverá el pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de que dispusiera la suspensión provisoria por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, argumentando que el Estado provincial carece de la infraestructura, personal y centros de alojamiento indispensables para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal. La decisión judicial desató una durísima reacción del arco libertario y del Gobierno nacional, cuyos dirigentes tildaron el fallo de «político» y «antidemocrático», al tiempo que un fiscal penal juvenil de San Isidro adelantó que no acatará la medida.
El fallo judicial reactivó el cruce de acusaciones entre el Gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof respecto a la capacidad operativa de las provincias para implementar la baja en la edad de imputabilidad sancionada por el Congreso Nacional.
Los ejes de la controversia política, judicial y presupuestaria comprenden:
- Ofensiva del oficialismo nacional: El diputado Sebastián Pareja tildó a Pascual de «jueza del poder» y anticipó la presentación ante la Secretaría de Enjuiciamiento, sumándose a las críticas del senador provincial Carlos Curestis y de los legisladores Diego Santilli y Patricia Bullrich.
- Argumentos del fallo cautelar: La jueza aclaró que no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801, sino que pausó su aplicación solicitando al Gobierno bonaerense que informe en una audiencia citada para el 16 de este mes sobre los avances en infraestructura y personal especializado.
- Respuesta de la Provincia de Buenos Aires: El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, remarcó que una reforma de tal envergadura requiere nuevos juzgados, fiscalías y centros de contención, reclamando el envío de fondos por parte de la Nación.
- Rebeldía en el Poder Judicial: El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, rechazó el alcance provincial de la cautelar, sostuvo que la norma ya generó precedentes en su jurisdicción y confirmó que seguirá aplicando la ley vigente.
El conflicto desatado por la suspensión de la norma pone de manifiesto la compleja convivencia entre las reformas legislativas aprobadas por el Congreso y la operatividad técnica de las provincias, mientras LLA busca convertir el freno judicial en una batalla política central en territorio bonaerense.
