La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuración del Tesoro promovieron la acción legal por la exploración ilegítima de hidrocarburos bajo la Ley 26.659. Al mismo tiempo, Javier Milei firmó la instrucción para asegurar las partidas de la infraestructura estratégica en Tierra del Fuego dentro de la previsión gastos del año entrante.
En una renovada embestida por la soberanía austral, el Gobierno nacional formalizó una denuncia penal contra cinco compañías petroleras internacionales y sus cúpulas directivas por la explotación no autorizada de yacimientos en las Islas Malvinas. La presentación, motorizada por el canciller Pablo Quirno y el procurador Sebastián Amerio, objeta las concesiones otorgadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. De manera coordinada con el frente judicial, el presidente Javier Milei firmó una orden directa al Palacio de Hacienda para que el diseño del Presupuesto 2027 blinde de forma prioritaria las partidas asignadas a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, buscando consolidar la presencia militar y logística en el extremo sur del país.
El accionar de la Casa Rosada busca ahuyentar inversiones no reguladas en el Atlántico Sur al tiempo que acelera las obras de infraestructura de defensa antes del envío del proyecto de ley de presupuesto al Parlamento.
Los puntos salientes de la presentación y la hoja de ruta presupuestaria marcan:
- Alcance corporativo: La nómina de demandadas incluye a Navitas Petroleum en sus distintas filiales, JHI Associates e Eco (Atlantic) Oil & Gas, extendiendo las responsabilidades legales a síndicos, gerentes y apoderados comerciales.
- Encuadre normativo: La presentación se fundamenta en los preceptos de la Ley 26.659, que prohíbe y sanciona la exploración o extracción de recursos energéticos en la plataforma continental argentina sin la debida venia de las autoridades nacionales.
- Plazos legislativos: La instrucción hacia el ministro Luis Caputo contempla que los recursos para la Base Naval y proyectos de seguridad queden asentados antes del 15 de septiembre, fecha límite fijada para la entrada del presupuesto a la Cámara de Diputados.
- Proyección geopolítica: Desde el Ejecutivo señalaron que la estrategia integral persigue desarticular la explotación ilegítima de recursos naturales y reequipar el posicionamiento soberano sobre la Antártida y el Atlántico Sur.
La doble jugada del Poder Ejecutivo combina la vía penal internacional contra las corporaciones petroleras con la ratificación presupuestaria de la infraestructura de defensa, marcando el pulso con el que el Gabinete prevé encarar la discusión parlamentaria de las próximas semanas.
