A través de la publicación del Decreto 1107 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo activó la segunda etapa de la privatización de Energía Argentina S.A. (Enarsa), autorizada en el marco de la Ley Bases aprobada en julio de 2024. La norma habilita la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales para liquidar la participación estatal accionaria en tres firmas de generación eléctrica de gran escala: el 65% en la Central Manuel Belgrano (Campana) y el 68,83% en la Central José de San Martín (Timbúes). Asimismo, se estableció un cronograma diferido para enajenar el capital social de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown una vez extinguido su fideicomiso. Fuentes del sector energético estiman que la venta de los paquetes accionarios públicos en estas empresas proveedoras podría representar un ingreso fiscal aproximado de US$ 300 millones por cada compañía.
El anuncio de la desinversión estatal se formalizó este lunes 28 de septiembre de 2026 mediante la entrada en vigencia del instrumento normativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La resolución se concreta a escasos días del vencimiento del fideicomiso operativo de la planta Guillermo Brown, pautado para este miércoles 30 de septiembre, fecha a partir de la cual la sociedad gerente dispondrá de un plazo de 90 días para formalizar la incorporación de Enarsa antes de que el Ministerio de Economía proceda a la confección de los pliegos de licitación. Esta medida se suma a las gestiones administrativas concluidas en agosto por la Secretaría de Energía, que traspasó la titularidad de la planta de Campana para estructurar el activo de cara al mercado internacional de capitales.
El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 1107 para vender las tenencias accionarias de Enarsa en tres centrales de generación termoeléctrica.
La norma comprende la liquidación del 65% de la Central Manuel Belgrano y el 68,83% de la Central José de San Martín mediante licitación pública.La transferencia del capital en la planta Guillermo Brown quedará condicionada a la liquidación del fideicomiso existente a partir del 30 de septiembre.
La concreción de las ofertas internacionales determinará la valuación final de los activos estratégicos y el margen de retiro definitivo del Estado en el mercado eléctrico.
