En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito judicial centrado en validar la tenencia previa de fondos no declarados por más de 500.000 dólares en criptomonedas. Para acreditar la propiedad de las billeteras virtuales, el exfuncionario aportó un acta notarial sobre sus claves privadas y argumentó que la omisión inicial respondió a la práctica histórica del ahorro informal en la Argentina. En relación con los consumos familiares que figuraban a nombre de colaboradoras de la Casa Rosada y allegados, la representación legal sostuvo que se trató de gestiones personales delegadas debido a las exigencias de la función pública, mientras que redujo la brecha de 43 millones de pesos señalada por la fiscalía a un porcentaje residual propio de las estimaciones cambiarias.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni fundamentó este lunes 21 de septiembre de 2026 su estrategia de defensa ante el fiscal Gerardo Pollicita mediante la justificación de activos financieros alternativos e informales. El escrito elaborado por el abogado Matías Ledesma procuró dar respuesta al requerimiento judicial alegando que la tenencia de claves privadas demuestra la titularidad de fondos acumulados en bitcoins entre 2014 y 2017 fuera del radar fiscal. Asimismo, la presentación rechazó las estimaciones del contratista sobre la remodelación de su vivienda en el country Indio Cuá —fijando el costo en 174.954 dólares— y justificó la utilización de tarjetas de crédito de sus secretarias y amigos como una práctica cotidiana derivada de la carga horaria ejercida en el Poder Ejecutivo.
Los profesionales contables de la defensa sostuvieron que la rectificación de bienes ante el organismo recaudador constituye un mecanismo previsto por la ley impositiva que no implica presunción de delito.
Los registros aportados en el expediente buscan acreditar que los consumos tecnológicos y de equipamiento para el hogar fueron reembolsados a los titulares de las tarjetas empleadas.El fiscal de la causa examinará el valor probatorio de las actas notariales confeccionadas en septiembre antes de dictaminar sobre el llamado a declaración indagatoria.
El magistrado Ariel Lijo aguardará la evaluación del Ministerio Público Fiscal para definir los próximos pasos procesales en la causa penal.
