El Poder Ejecutivo prepara modificaciones al capítulo de protección marítima en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa apunta a reducir la secuencia de pasos administrativos y operativos para autorizar medidas coercitivas, abordajes y el eventual empleo de armas contra embarcaciones que desobedezcan las órdenes del Estado nacional en la Zona Económica Exclusiva.
El Gobierno nacional avanza en la redacción de una reforma legal orientada a agilizar los procedimientos de interceptación y el eventual empleo de la fuerza contra buques extranjeros que incurran en infracciones o desobedezcan órdenes en espacios marítimos bajo jurisdicción argentina. La medida forma parte del capítulo de protección marítima de la proyectada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y busca simplificar los protocolos vigentes para acelerar las intervenciones ante incursiones no autorizadas. Según confirmaron fuentes oficiales, el nuevo marco normativo no se limitará a hipótesis de conflicto militar exterior, sino que alcanzará directamente a la flota pesquera internacional que opere ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). El proyecto pretende acortar los tiempos de decisión política y operativa fijados en los protocolos dictados en 2018 para la ejecución de persecuciones, abordajes e impactos de invalidación balística sobre embarcaciones infractoras.
La revisión técnica en curso evalúa la articulación y delimitación de competencias entre la Prefectura Naval Argentina en su carácter de autoridad policial marítima, la Armada Argentina y el Comando Conjunto Marítimo, con el fin de precisar las circunstancias en que un operativo pasa de la órbita de la seguridad interior a la de la defensa nacional.
Asimismo, los equipos jurídicos analizan endurecer el encuadre legal de la pesca ilegal en la ZEE para que determinados supuestos de resistencia o reincidencia dejen de tramitarse por la vía administrativa pesquera y se tipifiquen como delitos penales.
Esta reestructuración normativa se alinea con las previsiones del proyecto de Presupuesto 2027, que asigna a la Prefectura Naval $1,038 billones para modernización operativa y autoriza al Ejecutivo a gestionar operaciones de crédito internacional para incorporar dos fragatas multimisión y tres submarinos convencionales.
El texto final del capítulo de protección marítima será enviado al Congreso para su debate en conjunto con la reforma sobre la desregulación de la navegación comercial y el cabotaje.
