El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de ocho ciudadanos de nacionalidad iraní y libanesa por su participación en la planificación y ejecución del atentado contra la mutual judía AMIA en julio de 1994. La medida judicial, que incluye embargos por 500 millones de dólares para cada uno de los acusados, se encuadró en los términos de la Ley 27.784 de juicio en ausencia para procesar a imputados prófugos. El fallo califica los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio, atribuyendo la autoría mediata a ex altos funcionarios del gobierno de Irán y la complicidad a diplomáticos y miembros de la organización Hezbollah.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Daniel Rafecas, procesó este lunes 21 de septiembre de 2026 a ocho ciudadanos iraníes y libaneses prófugos por la masacre de la AMIA, que causó 85 muertos y 151 heridos. El dictamen de más de 600 páginas se basó en la aplicación del régimen de juicio en ausencia promulgado por la Ley 27.784. Entre los procesados figuran los exministros iraníes Ali Fallahijan y Ali Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el excanciller de la embajada Mohsen Rabbani, imputados por homicidio agravado por odio racial o religioso y lesiones en concurso con genocidio y delitos de lesa humanidad. En tanto, se dictó la falta de mérito para dos acusados y se sobreseyó el tratamiento sobre autoridades fallecidas.
La resolución fundamenta la adquisición, acondicionamiento y carga de la camioneta Renault Trafic con 300 kilos de amonal y TNT utilizada en el ataque del 18 de julio de 1994.
El magistrado dispusoTrabar embargo sobre los bienes e inmuebles de los procesados hasta cubrir la suma individual fijada en la resolución judicial.La Defensoría Oficial mantendrá la representación técnica de los imputados prófugos durante la etapa de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Las partes querellantes aguardan la confirmación de la alzada para solicitar la elevación de la causa a la instancia de debate oral y público.
